El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad mayor en materia de seguridad pública de velar por la tranquilidad de los ciudadanos y por supuesto, de corroborar y hacer que se cumplan las normas que en cuerpos policiacos se exigen como es la llamada certificación, en la que se ha basado para retirar facultades, armas y representación a corporaciones municipales como pasó en Alvarado.

Todo eso está bien, y en este caso el mandatario veracruzano, Miguel Angel Yunes Linares a través de la secretaría de Seguridad puede hacer cumplir la Ley, despojando de sus armas a los policías que conforman las corporaciones locales por no estar acreditados.

Pero en ese municipio los ciudadanos que lo habitan no entienden si esta acción institucional está apegada a derecho, y tampoco les interesa la respuesta de su alcalde Bogar Ruiz con un espectáculo mediático, que a través de un acto casi circense, burlón y una “jalada” al fin pues no tiene otro calificativo, lo único que saben es que se han quedado en la absoluta indefensión y en medio de un conflicto de “baja realea” entre políticos como en algún momento parafraseara el entonces secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar.

Si argumentando estar dando cumplimiento a la Ley un gobernador realiza un acto de estos a unos días de la campaña y aún cuando no fuera su fin, se repite la misma historia de otros acontecimientos, “no hagas cosas buenas que parezcan malas”  a unos días de las elecciones, pues no podrá tener otro indicativo que ese precisamente, un sentido político electorero, dando armas para ser criticado.

Y si enfrente se encuentra con una autoridad municipal como la de Bogar Ruiz, impetuoso, visceral, bronco callejero, que no le da estatus a su cargo, entonces no tendrá otra respuesta que la de ser acusado por este personaje, tomando en cuenta su perfil,  que se trata meramente de un fin electorero.

Ahra bien, suponiendo sin conceder que así se tratase, Yunes Linares también corre riesgo. Los alvaradeños son arraigados a sus ideas, velan por su idiosincrasia, la tienen casi tatuada, son apasionados con su forma de pensar, y no permiten este tipo de acciones en contra de sus intereses, si así la “compran”, y si ideológicamente se le voltea la tortilla a la autoridad estatal, entonces efectivamente se la cobrarán en las urnas.

Alvarado tiene otro tema peculiar. En la zona norte del municipio y en los limites con Boca del Río, se encuentran los fraccionamientos residenciales a donde la clase media y media alta de Veracruz y Boca del Río han escapado a asentarse huyendo de la inseguridad en la conurbación y del bullicio y fastidio citadino, característico de una mancha urbana con casi un millón de habitantes. O simplemente a disfrutar de una mejor calidad de vida.

En esa franja, por cierto la de mayor plusvalía en el Golfo de México, casi al nivel de los estándares inmobiliarios de Miami y parcialmente por encima de Can cún con un precio de 4, 6 y hasta 10 mil pesos el metros cuadrado. Los fraccionamientos con propiedades más costosas son Playa del Conchal y Punta Tiburón, el Club del Golf, entre otros, viven las familias más acaudaldas y por ende, de mayor peso político y ante la imagen pública.

Los pleitos entre ambas autoridades, aunque una estatal y otra más ínfima, por tratarse de un municipio de poco más de 55 mil habitantes hasta el año pasado, tiene pues, a los ciudadanos en medio de un capricho o de una instrucción gubernamental poco clara con señales encontradas, enturbiadas precisamente por los tiempos electorales pero por algo más grave, la falta de sensibilidad y de capacidad conciliatoria de ambas.

Si bien es cierto que la discusión es desproporcionada por la instancia de cada gobierno, lo delicado es que en ninguna cabe prudencia y ni siquiera hay un puente que permita el diálogo al respecto. El primer encontronazo fue por el “sospechoso” incendio a decir del alcalde, de los terrenos desocupados atrás de los fraccionamientos Lomas Residencial y Lomas Diamante. Ambas potestades se acusaron de la falta de atención a este siniestro poniendo en riesgo a los moradores de esos asentamientos.

Apenas después de la acción gubernamental en contra de los policías, Bogar Ruiz a través de un video que circuló en redes sociales, aseguró acerca de la medida del gobernador que “nos queda muy claro que es algo totalmente político”.

He hizo la entrega de resorteras a la policía municipal, “ya que el ciudadano gobernador tomó la decisión de llevarse todo el armamento. El pueblo de Alvarado lo descalifica totalmente ya que atentó contra el artículo 115 constitucional donde viola nuestra autonomía”.

Electo en Alvarado con las siglas del partido Verde Ecologista con su montaje de video grabación Bogar logró un impacto mediático no solo estatal sino nacional. Lo que seguramente buscaba para reaccionar ante la embestida estatal

Pero sin altura política estos gobernantes están pisoteando los derechos ciudadanos. Dañando a la población, poniendo en riesgo su integridad y los intereses de la comunidad.

El tema no es nuevo. El rencor entre Bogar Ruiz y los Yunes es de antaño. La primera vez que Bogar fue alcalde en el periodo 2007-2010 tuvo serios jaloneos con el entonces también alcalde de Boca del Rio, hoy candidato a gobernador, Miguel Angel Yunes Márquez, por la dirigencia de la Asociación Nacional de  Presidentes Municipales. Ambos panistas, y disputaban también el control interno de los grupos del partido Acción Nacional.