A su paso por la secretaría de Finanzas los que fueron titulares en el gobierno de Javier Duarte no han sido “medidos” con la misma vara. Algunos gozan hasta de impunidad.
Tras el desvío millonario tan multicitado, las denuncias de la Auditoría Superior, y el uso indiscriminado de la famosa “licuadora” parece que no a todos se les fincó la misma responsabilidad y no precisamente por su desempeño, sino por sus influencias o porque simplemente “perdonados” de alguna forma.
Una pieza clave es el hoy titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez quien en estricto apego a derecho o a sus obligaciones como servidor público podría incluso cargar con señalamientos en su contra por su sospechoso actuar. Como se dice en el argot “cargarle la mano a unos” a fin de salvar su pellejo y ser premiado con su permanencia.
Y es que como ya ha sido evidenciado ocultó o guardó muy bien las irregularidades para luego destapar la cloaca con las últimas cuentas. La razón es clara. Su cambio de accionar se debió al trueque de “hundir a los duartistas” a cambio de quedarse. Hasta una grabación de una supuesta charla con el tema ha salido a relucir.
El encargado de procurar la transparencia de los recursos del estado es el principal señalado de acuerdos bajo la mesa y “enjuagues” es el primero que debería mostrar limpieza y apegarse a los valores de honestidad y transparencia.
Y es que este personaje clave y oscuro a la vez, durante las primeros tres años no fincó una sola línea de observaciones en contra de los funcionarios del sexenio pasado palomeando todo como si las mismas fueran parte de la mejor administración digna de un premio.
De esta forma el titular del Orfis, Portilla Vázquez no hizo aspavientos con las Cuentas 2011 y 2012 y 2013, caso contrario con las cuentas2014 2015 y 2016, las que si documentó las anomalías y preparó su estrategia para garantizar su “hueso” y seguramente impunidad por no haber procedido antes.
El primer encargo de la secretaría de Finanzas recayó en quien fuera director de Banobras y de la Lotería Nacional, Tomas Ruiz González hasta marzo del 2013 y fue sucedido durante un mes aproximadamente por el ex alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz apenas por unas semanas. Las primeras tres cuentas fueron aprobadas sin problemas.
No obstante parte de la 2013 le correspondería a Carlos Aguirre quien fungió como interino por unos meses tras el efímero paso de Manzur Díaz, y para entregarle en mayo del 2013 el cargo a Fernando Charleston que argumentando problemas de salud le daría paso a Mauricio Audirac Murillo en julio del 2014. A su vez fue en marzo del 2015 cuando el último secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrin asumiera como sexto encargado de esa dependencia hasta un par de meses antes de culminar el sexenio que le entregó a Clementina Guerrero como parte de la transición hacia el gobierno del panista Miguel Angel Yunes.

De estos, sólo Audirac se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo desde marzo de este año. Salvador Manzur pagó con costo político tras un escándalo mediático sobre injerencia presuntamente electoral.
Tomás Ruiz pasea feliz de la vida pues gracias a la negligencia o complicidad de Lorenzo Portilla no tuvo ninguna responsabilidad en contra. Y lleva una vida social como cualquier ciudadano veracruzano de alcurnia. En el otro extremo está Carlos Manuel Aguirre quien huye de la justicia veracruzana sobre el que recae la vinculación al mismo proceso legal que enfrenta el ex secretario de Comunicaciones y ex titular de la Caev, Francisco Valencia García.
Fernando Charleston es caso especial. Pues a pesar de haber sido parte del desfalco millonario fue premiado por el PRI como dirigente de ese partido en el estado de Morelos, encargo que asumió en junio de este año.
Y es que se presume que el gobierno yunista atendió una petición de indulto por parte de su papá, el viejo político del sur del estado, Fernando Charleston Salinas, quien lidera grupos políticos del sur de Veracruz.
Antonio Gómez Pelegrin fue quien cerró la cortina, y más bien le quitaron la llave de los candados antes de tiempo, con lo que incluso pudo también haber negociado su impunidad durante la entrega-recepción.
Pero el que no la libra es quien por más de 20 años fungió en la secretaría de Finanzas y luego fuera inhabilitado precisamente por incumplir con las cuentas revisadas por la Auditoría Superior de la Federación. Es hoy prófugo de la justicia yunista porque entonces, solicitó al titular de la Comisión del Agua que le depositaran a la dependencia 279 millones de pesos, hecho por el que se le fincó el delito de daño patrimonial. Es Aguirre quien firma la instrucción de entregar el dinero que sería ocupado para el gasto corriente u otras necesidades de Finanzas.
En recientes declaraciones la diputada local, Daniela Griego Ceballos denunciaría que Lorenzo Portilla no tiene ninguna autoridad moral para permanecer y su presencia contamina la transparencia en la revisión del mal uso de recursos del pasado. Y es que acusa que aún con las observaciones de la ASF no procedió en su momento con la revisión y consignación de irregularidades de las cuentas públicas, sino que fue hasta a partir del 2015 cuando empezó a documentar desvíos por 15 mil millones de pesos.
“A la fecha el funcionario público no ha dado una explicación “convincente” de por qué le llevó tantos años el poder presentar las denuncias, por lo que puede figurar el delito de omisión o complicidad”, diría la legisladora.
Por cierto hoy un importante secretario del gobierno de Yunes Linares, Julen Rementería del Puerto, titular de la Siop, entonces diputado local, acusó en marzo del 2015 sobre el propio titular del Orfis, “hoy celebra su tercer informe de labores, pero si tuviera vergüenza no debería, segundo: dejar su renuncia y por último dejar ese órgano en manos de alguien que sí tenga decoro y decencia de esta labor tan importante”. Y es que le exigió entonces que aclarara las denuncias de desvíos de los senadores Héctor y Pepe Yunes. Qué pensará o dirá ahora al respecto el flamante titular de Infraestructura y Obras Públicas?

Lo cierto es que a Portilla Vázquez muchos de los funcionarios encarcelados le deben su mala pasada. Y lo peor es que no midió con la misma vara a todos los participantes con problemas en el anterior gobierno estatal.