Por supuesto que el gobernador Javier Duarte de Ochoa, por el amplio repudio popular a su administración –a causa de la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la impagable deuda que tiene con medio mundo–, abonó en buena medida para que el PRI perdiera por primera vez en la historia de Veracruz el gobierno del estado; pero tampoco fue el único factor determinante para justificar la derrota del partido tricolor.

El candidato priista Héctor Yunes Landa y su equipo de campaña también cometieron errores garrafales, y por su lado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto igualmente contribuyó al voto de castigo contra los abanderados del Revolucionario Institucional por la serie de decisiones erráticas y omisiones que inconformaron e irritaron a sectores tan antagónicos como el del magisterio disidente, la iglesia católica y el de los empresarios.

Pero en 2018, cuando de nueva cuenta tenga que elegirse gobernador en Veracruz, así como al próximo presidente de la República, en la entidad ya no va a estar Duarte de Ochoa para endosarle nuevamente la anunciada derrota priísta; en cambio, el gobierno federal continuará en manos de Peña Nieto.

Y es que hace una semana, el pasado martes 28 de junio, en conferencia de prensa la presidenta interina del CEN del PRI, Carolina Monroy del Mazo, enfocó sus baterías en contra de Javier Duarte, reprobando que el mandatario veracruzano busque protegerse las espaldas recurriendo a maniobras en el Congreso estatal.

“Nada ni nadie por encima de la ley. No habremos en el partido de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga el Estado de Derecho”, advirtió la diputada federal mexiquense y prima del presidente Peña Nieto, quien al preguntársele si era legítimo que Duarte quiera cuidarse las espaldas promoviendo recursos en el Congreso, respondió que “si bien es jurídicamente correcto, habría que analizar si lo es desde el punto de vista ético”, puntualizando que en lo personal “pienso que no, porque a los ojos de todos, a la luz de todos, no son momentos para tomar decisiones de tanta trascendencia”, resumió la política oriunda del Estado de México, quien remarcó que su partido no tiene por qué responder, y mucho menos avalar, aquello que no pudiera estar alineado a principios institucionales y legales.

Por su parte, el secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, Joaquín Hendricks Díaz, también consideró que su partido debe revisar las decisiones de los gobernadores salientes. “No es ésta una manera de satanizar a nadie ni de culpar anticipadamente a nadie, pero tenemos que hacernos responsables todos de lo que son nuestras atribuciones y, sobre todo, de escuchar la voz de la ciudadanía”, expresó el exmandatario quintanarroense.

¿Por qué Monroy y Hendricks no le han hecho el mismo exhorto al presidente Peña Nieto y a los diputados federales y senadores de su partido, quienes en la recién aprobada Ley 3de3 –vetada parcialmente por el jefe del Ejecutivo federal– se resistieron a cumplir con la principal demanda de los 634 mil ciudadanos que con su firma exigían versiones públicas de las declaraciones de los funcionarios de alto nivel?

¿Acaso no en su discurso de renuncia, el lunes 20 de junio pasado, el exdirigente nacional Manlio Fabio Beltrones había remarcado ante los miembros de la Comisión Política Permanente del CEN priista que “es imprescindible, es necesario que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos; de los legisladores y gobernantes que emanan de las filas del PRI” y que “que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad”, pues parafraseando a Luis Donaldo Colosio recordó que “lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”?

“No tengo duda: estamos obligados como nunca antes a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos; de todos ellos, votantes priístas o de otros partidos que exigen mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad. Donde quiera que esta se encuentre. Quieren que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas, que su trabajo sea mejor remunerado; servicios de salud de calidad y calidez; vivienda digna; seguridad para sus hogares y sus ciudades. No están satisfechos con solamente enterarse que ‘vamos bien’, sino que quieren ‘sentirse bien’”, expuso Beltrones, quien en síntesis consideró necesario que la Presidencia de la República vaya contra los corruptos, los impunes y los inútiles.

Pero el presidente Peña Nieto no se quiere deshacer de los lastres de su gabinete, pese a que la economía es un desastre –el peso sigue devaluándose y acaban de subir los precios de las gasolinas y de las tarifas de la energía eléctrica–; el país continúa bañado en sangre por los grupos criminales impunes, y la ingobernabilidad en Oaxaca, ante el rechazo del magisterio disidente a la reforma educativa, tiende a expandirse a otras entidades.

Este lunes, el diario capitalino El Universal dio a conocer una encuesta realizada por Buendía&Laredo, la cual reveló que el índice de aprobación de Peña Nieto que en marzo de este año, tres meses antes de las elecciones locales, era de 56 por ciento, ahora bajó ¡siete puntos!, ya que el 63 por ciento de los encuestados reprueba “mucho o algo” su gestión.

¿Cómo le van a hacer los priístas para recuperar en 2018 la gubernatura de Veracruz y retener la Presidencia de la República? Solo que Peña sacudiera a su gabinete y empezara a repartir manotazos en los estados que aún gobierna su partido. Pero la gran duda es si se atreverá a hacerlo y cuándo, pues los priístas tienen el tiempo encima.