Ahora que aparentemente se ve “atrapado y sin salida”, algunos connotados priistas se preguntan a partir de qué momento se dio el punto de quiebre del gobernador Javier Duarte, pues recuerdan que todavía hace un año la suerte le sonreía, ya que contra todos los pronósticos había logrado sacar triunfantes a la mayoría de sus candidatos en la elección federal de julio de 2015.

Su problema, al parecer, es que este engañoso resultado le habría hecho suponer que nueve meses después podría imponer como sucesor al candidato de sus preferencias y así asegurar la continuidad priista y la de su grupo.

Pero de hecho el control de su sucesión se le fue a partir de diciembre de 2014, cuando luego de una breve charla con el presidente Enrique Peña Nieto en el puerto de Veracruz, aprovechando el buen ánimo del mexiquense que había acudido a la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, obtuvo la aprobación del Jefe del Ejecutivo federal para enviar al Congreso local una iniciativa de reforma para homologar la elección de gobernador con la presidencial a partir de 2018, lo que obligó a que en 2016 se eligiera a un mandatario estatal para una administración de solo dos años.

Ensoberbecido perdió el piso, llegando a creer que tenía el pleno control político de su partido y hasta de la oposición.

Por tratarse de un periodo tan corto, supuso que ninguno de los aspirantes fuertes de la oposición y de su mismo partido se interesaría por participar, dado que el costo de la elección sería similar que para un gobierno sexenal. Además llegó a argumentar que de esa manera se pretendía impedir que la oposición de izquierda y de derecha se aliara porque en la sucesión presidencial de 2018 seguramente iban a contender con candidatos propios.

Sin embargo, el cálculo político le falló rotundamente. Y es que, con esta decisión, el primero en romper pública y abiertamente con él fue el senador Pepe Yunes Zorrilla, a quien le había asegurado que esa iniciativa de reforma que inicialmente había sido propuesta por el diputado local Julen Rementería, del PAN, jamás iba a pasar.

Luego, en septiembre de 2015, en vez de zanjar sus diferencias con el otro senador priista Héctor Yunes Landa, terminó ahondándolas más al ridiculizarlo ante miles de campesinos durante la ceremonia de toma de posesión del dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos Molina, donde aprovechando que era el cumpleaños del legislador le regaló una caña de pescar para que atrapara a los peces gordos del PAN que viven en El Estero, en alusión a su primo Miguel Ángel Yunes Linares, hoy gobernador electo.

El resto de la historia ya todo mundo la sabe: no pudo vetar la candidatura de Héctor, quien para cerrarle el paso a los aspirantes del grupo de Duarte hizo una alianza con Pepe Yunes para que el de Perote fuera nominado después en 2018, lo que provocó fisuras en el priismo que hasta ahora no han sido selladas del todo; y tampoco pudo abortar la alianza PAN-PRD que terminó postulando como candidato común a Miguel Ángel Yunes, sobre cuyo triunfo corren versiones que no suenan descabelladas, entre ellas la presunta operación que de última hora habrían hecho funcionarios del OPLE con las actas de escrutinio del 25 por ciento de las más de 10 mil casillas del estado para inclinar la votación oficial a favor del panista ante la fuerte tendencia del abanderado de MORENA, Cuitláhuac García Jiménez.

La hipótesis cobra fuerza porque casualmente durante la campaña, Yunes Linares acusó un supuesto pacto de Duarte con Andrés Manuel López Obrador, y luego Héctor declaró que también él sabía de las reuniones secretas del candidato de Morena en la Casa Veracruz, lo que obviamente no debió caer bien a Peña Nieto ni a los miembros de su gabinete que aspiran a sucederlo en 2018, como tampoco al influyente expresidente Carlos Salinas de Gortari, autollamado “el villano favorito”, a quien López Obrador acusa de encabezar la “mafia política” que desde 2006 le ha impedido asumir la Presidencia de México.

Si esta versión es cierta, entonces Duarte también se habría equivocado al pretender entregar la gubernatura al candidato del enemigo jurado de Peña y Salinas, en vez de al Yunes azul, quien ciertamente es su más encarnizado detractor pero políticamente venía bien arropado por la alianza PAN-PRD, dos partidos cuyas dirigencias nacionales se sumaron en 2013 al Pacto por México para sacar las reformas estructurales del gobierno peñista, entre ellas la educativa que el magisterio de la CNTE, aliado de “El Peje”, sigue rechazando y cuyas protestas tienen incendiado actualmente el estado de Oaxaca, amenazando con expandirse a otras entidades del país.

Por eso no es casual que la dirigente interina del CEN del PRI, Carolina Monroy del Mazo, prima de Peña Nieto, se haya deslindado públicamente de las maniobras legislativas de Duarte para evitar la rendición de cuentas –al considerarlas legales pero no éticas–, y que en la sesión del Congreso local de este jueves algunos diputados priistas y del PVEM muy cercanos a Héctor y Pepe Yunes se ausentaran o se negaran a validar el nombramiento del duartista Francisco Portilla Bonilla como titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción, así como la designación de Gabriel Deantes Ramos, el principal operador electoral del duartismo, quien pretende blindarse con el fuero de comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).