En varias conferencias de prensa, los senadores priistas Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, más específico este último, han dado a conocer la gigantesca e ilegal deuda estatal del gobierno veracruzano, acusación manifestada de manera reiterada, el pasado domingo, por el diputado electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

Son representantes del pueblo de Veracruz, a los cuales se les debe dar una explicación y, de acuerdo a estas graves imputaciones públicas realizadas ante los medios, es obligación de las autoridades aludidas, dar una respuesta, no se admite el silencio, que menosprecia a los interlocutores al no tomarlos en cuenta y con este tradicional mutismo oficial reconocen el desautorizado endeudamiento.

Durante el anterior y actual gobierno estatal, han pasado numerosas personas por la Secretaría de Finanzas, por la Contraloría General del Estado y con la complicidad del Orfis, dependencias cuyos titulares tienen una seria responsabilidad, de acuerdo a las leyes, tienen el compromiso de responder a estas graves acusaciones. El encubrimiento los hace coautores de los delitos. El desarreglo de la economía de la administración estatal tiene sus culpables que ameritan su castigo. Ellos son responsables de lo que se dice y de lo que no se dice.
Él que calla consiente.

El silencio escuda y suele encubrir la falta de inteligencia.

La otra vía de Héctor

La reunión que sostuviera el senador Héctor Yunes Landa con el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pudiera tener otras lecturas. Para algunos lo interpretan para el caso que no sea nominado por el PRI, el choleño podía irse por la candidatura independiente.

Sabe por experiencia propia que con los dos últimos gobernadores de Veracruz, no se puede confiar en la palabra. Hay que saber dejarse engañar.

Interviene Gobernación sobre el crimen

La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades capitalinas a fin de que no se descarte entre sus líneas de investigación la actividad periodística, oficio que ejercía el reportero gráfico Rubén Espinoza Becerril.

La Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento del hostigamiento y demás acciones en contra, que sufría la víctima que lo orilló a refugiarse fuera del estado de Veracruz.

La misma dependencia federal señala que se enviaron oficios a la Comisión Estatal de Atención y Defensa de los Periodistas y que nunca obtuvo una respuesta.

También la Secretaría de Gobernación envió oficios a Rodolfo Chena Rivas, director general del Jurídico del Gobierno de Veracruz, quien a su vez remitió al fiscal general, Luis Bravo Contreras, para que informe si las investigaciones que realiza esa institución están relacionadas con el periodista asesinado.

El clamor de justicia del gremio periodístico se extendió rápidamente por la gran mayoría de las ciudades de México.

Por ley, las autoridades federales están obligadas a atraer los casos de periodistas asesinados, aún se trate de un delito del fuero común.