Desde la polémica elección presidencial
de 2006, Andrés Manuel López
Obrador ha venido denunciando a
una supuesta “mafia del poder” que
gobierna a México con mandatarios
impuestos no solo del PRI sino también
del PAN.
Y algún sustento deben tener los
dichos del experredista, pues ahora
entre sus aliados políticos figuran
exfuncionarios de alto nivel, como
el senador Manuel Bartlett Díaz,
del PT –secretario de Gobernación
en el régimen priista del presidente
Miguel de la Madrid–, que en el
pasado operaron o fueron cómplices
de triquiñuelas mafiosas para
frenar movimientos democráticos
como el encabezado en 1988 por
Cuauhtémoc Cárdenas, víctima de
un burdo fraude electoral que llevó
a la Presidencia de la República a
Carlos Salinas de Gortari, a quien
López Obrador señala como el capo
de la “mafia del poder”.
¿O acaso habrá sido mera casualidad
que cuatro días antes de
la “caída del sistema” el 6 de julio de
1988, los dos estrategas electorales
de Cárdenas, Román Gil Heraldez
y Francisco Xavier Ovando Hernández,
hayan sido ejecutados por
sicarios del Cártel del Golfo liderado
entonces por Juan García Ábrego;
o que en la sucesión presidencial
siguiente, en marzo de 1994, el
candidato del PRI, Luis Donaldo
Colosio, haya muerto en un atentado
fraguado en Tijuana, territorio del
cártel de los hermanos Arellano
Félix, implicados un año atrás en
el homicidio del cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo, muerto en
mayo de 1993 durante un tiroteo en
el estacionamiento del aeropuerto
de Guadalajara por gatilleros que
supuestamente confundieron al
prelado con Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera, el capo del cártel de
Sinaloa recién fugado por segunda
vez de un reclusorio federal de alta
seguridad?
Pero previo a que López Obrador
lo dijera, hubo otro personaje,
Guillermo González Calderoni, un
famoso excomandante de la Policía
Judicial Federal, quien años antes
de ser asesinado en febrero de 2003
en Mc Allen, Texas, cuando salía de
la oficina de su abogado Robert Izaguirre,
había señalado públicamente
también a los hermanos Carlos y
Raúl Salinas de Gortari de ser los
autores intelectuales de los crímenes
de los dos asesores electorales
de Cárdenas, de Colosio Murrieta
y de José Francisco Ruiz Massieu,
excuñado del expresidente y a la sazón
secretario general del CEN del
PRI, ultimado el 28 de septiembre
de 1994.
González Calderoni había huído
a Norteamérica un año antes, en
1993, a raíz de la orden de aprehensión
que se libró en su contra
por sus vínculos con el narcotráfico
y enriquecimiento ilícito, pues se
le atribuía una oscura fortuna de
400 millones de dólares. En Estados
Unidos se acogió al programa
de testigos protegidos y fue uno de
los principales informantes de la
Agencia Antidrogas estadunidense
(DEA, por sus siglas en inglés).
¿Habrá sido mera casualidad
o, por el contrario, se trató de un
auténtico tiro de precisión que la
fuga del “Chapo” Guzmán haya ocurrido
un mes después de la elección
federal del 7 de junio pasado y justo
el día en que volaban hacia París el
presidente Enrique Peña Nieto y su
secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, quien no solo es
el responsable del sistema de seguridad
nacional, y por lo tanto, de las
cárceles federales, sino que además
es el funcionario que el artículo 84 de
la Constitución designa como titular
provisional del Poder Ejecutivo en
caso de falta absoluta del presidente,
sobre el cual se viene rumorando
una seria enfermedad, versión que
arreció con su reciente operación
quirúrgica?
¿Cuál habría sido el efecto en las
urnas para el partido gobernante si
el escape de Guzmán Loera se hubiera
dado previo a las elecciones para
renovar la Cámara de Diputados
y nueve gubernaturas del país?
Al parecer, después de la elección
federal intermedia, y asegurada la
mayoría simple en la Cámara baja
del Congreso de la Unión con el voto
de los legisladores de otros partidos
aliados, los grupos de poder al interior
del PRI han iniciado la pugna
soterrada por la sucesión presidencial
de 2018, aspiración que el titular
de la SEGOB ve difuminarse con la
fuga del “Chapo”. Pero Osorio Chong
está pagando su error de haber dejado
inexplicablemente el control
del sistema penitenciario federal en
los mismos cuadros que lo dirigen
desde hace más de 14 años.
Luis Astorga, investigador de
la UNAM y autor del libro “¿Qué
querían que hiciera?”, en el que
analiza la guerra contra el narco
emprendida por el expresidente
Felipe Calderón, declaró al diario
Reforma que el escape del “Chapo”
fue posible por una larga cadena
de corrupción y un Estado que, en
muchos niveles de gobierno, está
subordinado al crimen organizado.
Preguntó: ¿De dónde sacaron
los cómplices del capo los planos
del Penal del Altiplano, como para
construir un túnel de 1.5 kilómetros
desde afuera que llega exactamente
a las regaderas donde él se bañaba?
“Los planos de la prisión no están
en internet, son datos que no están
al alcance de cualquier persona…”,
señaló.
En efecto, el 8 de mayo de 2014,
dos meses y medio después de que
“El Chapo” fuera capturado en Mazatlán,
Sinaloa, un particular, vía ley
de transparencia, solicitó los planos
del Penal del El Altiplano, los cuales
le fueron negados. ¿A poco nadie se
percató de este indicio desde hace
más de un año?
Por lo mientras, el sorpresivo
viaje de Manlio Fabio Beltrones
ayer a París desató todo tipo de
conjeturas, pues el exgobernador
de Sonora –quien en marzo de 1994
entrevistó en privado a Mario Aburto
Martínez, el “asesino solitario”
de Colosio en Tijuana– es un fuerte
aspirante presidencial que primero
se le candidateaba para presidir
próximamente el CEN del PRI y
ahora es mencionado para reemplazar
a Osorio Chong en la SEGOB.