Ni José Francisco Yunes Zorrilla ni Héctor Yunes Landa son empleados del gobernador Javier Duarte de Ochoa, pero ambos senadores priistas tienen un vínculo común con el mandatario veracruzano: son compañeros de partido y aspiran desde el año 2010 a ocupar el mismo cargo de elección popular.
Si es que no existiera entre ellos algún otro compromiso político personal, éste al menos sería más que suficiente para que los legisladores no dejaran pasar sin respuesta en la Cámara alta del Congreso de la Unión denuncias y señalamientos, algunos muy graves, que los más recalcitrantes enemigos del gobernante priista vienen realizando en contra de su administración, golpeteo que obviamente busca afectar la imagen del mandatario estatal y por ende desgastar al partido tricolor ante la elección federal en puerta y la sucesión gubernamental de 2016.
La semana anterior, por ejemplo, el senador Fernando Yunes Márquez, del PAN, se regodeó de que hasta los senadores del PRI habían avalado y aprobado su propuesta de punto de acuerdo para que esta Cámara exhortara a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que investigaran y, en su caso, sancionaran a los responsables del presunto desvío de recursos del Seguro Popular en Veracruz, una denuncia que el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares y otros legisladores panistas ya habían presentado ante la PGR desde marzo de 2013.
En su cuenta de twitter, Yunes Márquez agradeció el pasado viernes 25 “a todos los senadores por apoyar esta denuncia. Pero de manera especial a los senadores del PRI que votaron todos a favor de ella”.
Y continuó el legislador del PAN: “ayer el pleno del Senado de manera unánime exhortó a la Función Pública y Auditoría Superior a investigar al gobierno de Veracruz por el desvío de cerca de 350 millones de pesos que debían ser destinados al Seguro Popular en los años 2011 y 2013”.
Yunes Márquez acotó: “Es la segunda vez que todos los senadores, incluidos los del PRI, denunciamos la corrupción y desvío de recursos en Veracruz”.
El que tuvo que pararlo en seco y salir en defensa de su jefe y administración, fue Alberto Silva Ramos, coordinador general de Comunicación Social del gobierno del estado, quien le precisó a Yunes Márquez: “Los puntos de acuerdo no son denuncias Senador, son opiniones, o exhortos sin obligatoriedad de cumplimiento por los entes”.
El exalcalde de Tuxpan finalizó el diálogo en twitter de la siguiente manera: “El Gobierno de Veracruz ha solventado observaciones en materia de salud”.
El bisoño legislador del PAN ya no respondió. Pero tampoco los senadores veracruzanos del PRI, los cuales en ningún momento solicitaron información a la oficina del gobernador para atajar oportunamente el embate panista desde la máxima tribuna del Senado.
A casi una semana de la aprobación del punto de acuerdo para este “exhorto” propuesto por el representante popular del PAN, ni Yunes Zorrilla ni Yunes Landa han fijado sus posiciones para confirmar o desmentir los señalamientos hechos por el senador Yunes Márquez en contra del gobierno de Javier Duarte, no obstante que a cargo del Sector Salud del estado está actualmente uno de los políticos priistas veracruzanos más honestos: Juan Antonio Nemi Dib, quien además mantiene una relación muy cercana con ambos senadores del partido tricolor.
Pero Yunes Márquez se ufanó también de que ésta “es la segunda vez que todos los senadores, incluidos los del PRI, denunciamos la corrupción y desvío de recursos en Veracruz”.
En efecto, el 23 de octubre de 2013 también aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo presentado por Fernando Yunes por el que se exhortaba a la Procuraduría General de la República a informar sobre el avance de las investigaciones en contra de los 57 funcionarios públicos federales y estatales que los panistas llamaron “ladrones de elecciones” y que fueron denunciados por el presunto desvío de recursos públicos para campañas políticas del PRI en Veracruz.
De igual manera votaron de manera unánime a favor de otro punto de acuerdo por medio del cual el Senado pedía a la PGR que, a la brevedad, informara si ya se ha iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones de José Carlos Hinojosa, excontador de la organización delictiva “Cártel del Golfo”, quien al testificar ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas afirmó que en el 2004 había entregado la cantidad de 12 millones de dólares al entonces candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
En ese punto de acuerdo, los integrantes de la Cámara de Senadores exhortaban respetuosamente a la PGR para que si aún no había analizado el caso, determinara si era legalmente viable iniciar las investigaciones correspondientes, contemplando, inclusive, “solicitar al Gobierno de los Estados Unidos, por las vías diplomáticas adecuadas, copia del expediente del juicio antes mencionado”.
¿Qué ha pasado con todos estos casos? Hasta la fecha, nada. ¡Pura alharaca! El extitular de la Sefiplan, Salvador Manzur, uno de los principales exfuncionarios denunciados, ya es delegado estatal de Banobras.
Otro, Ranulfo Márquez, exdelegado de la Sedesol, acaba de organizarle una reunión de cafeticultores en Huatusco a Pepe Yunes. Y Héctor Yunes, exsecretario particular y exsubsecretario de Gobierno con Fidel Herrera, es apoyado por excolaboradores fidelistas y patrocinado por constructores favorecidos por el exgobernador.
Como diría el famoso cantautor Marco Antonio Solís, “El Buki”: “¿A dónde vamos a parar?”