Por lo que publicó ayer el periodista capitalino Miguel Badillo en su columna semanal “Oficio de Papel”, ahora sí parece quedar claro no solo el abrupto “cese” del que fueron objeto en marzo pasado Gabriel Deantes Ramos y Edgar Spinoso Carrera –ambos, coincidentemente, extitulares de la misma Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Sefiplan, así como de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)– sino que explicaría también el intenso activismo que han empezado a desplegar en busca de una candidatura del PRI a la diputación federal para el año próximo otros prominentes funcionarios estatales.
Basado en los resultados de 680 auditorías practicadas al ejercicio de solo 505 mil 720.2 millones de pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2012, en los que la Auditoría Superior de la Federación descubrió irregularidades en el gasto del ejercicio federalizado en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal por un monto de 64 mil 333.5 millones de pesos –de los cuales, hasta hoy, no habrían sido debidamente aclaradas anomalías por alrededor de 23 mil 524 millones–, Badillo centró su atención en el caso de Veracruz por ser el estado al que se le detectaron los mayores desvíos y subejercicios por un monto de 13 mil 187.5 millones, que representan el 20.4 por ciento de todo el dinero en el rubro de gasto federalizado donde la ASF halló inconsistencias.
Según el autor de la columna “Oficio de Papel”, en Veracruz y en Sinaloa “de manera paralela a las auditorías realizadas por la ASF se han iniciado diversas investigaciones en contra de funcionarios estatales, en las que participan conjuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y la propia PGR”.
Por ahora, añade, en ambas entidades podrían presentarse en breve “acciones administrativas y legales en contra de funcionarios estatales por estas anomalías, de acuerdo con el resultado que arrojen las investigaciones en curso.”
Y señala que “en el caso particular de Veracruz, se ordenó un rastreo minucioso de las cuentas bancarias, inversiones financieras, negocios y propiedades de varios funcionarios estatales, al presumirse que pudieran estar implicados en el desvío y malversación de recursos federalizados, de acuerdo con los resultados arrojados por las auditorías practicadas en ese estado por la ASF”.
Badillo refiere que hasta el momento los dos funcionarios señalados como principales implicados en este manejo irregular de los recursos federalizados son Gabriel Deantes y Édgar Spinoso, los cuales “fueron removidos de sus cargos por el mandatario estatal Javier Duarte, como una medida preventiva a cualquier sanción administrativa o legal que pudiera presentarse más adelante a nivel federal en contra de ambos exfuncionarios”.
Deantes y Spinoso, afirma el columnista, “no son los únicos funcionarios estatales que son investigados por autoridades federales, pero son hasta ahora los principales implicados en el manejo irregular de los recursos federalizados.
Por lo pronto, la UIF realiza un rastreo a fondo de las cuentas personales de ambos exfuncionarios, así como de las cuentas de familiares cercanos y de probables prestanombres, y se han extendido las investigaciones a los últimos cuatro años, es decir, a partir de 2010, fecha en que asumió Duarte la gubernatura de Veracruz”.
Badillo detalla que esta investigación es actualmente coordinada por Alfredo Revilak de la Vega, director adjunto de Análisis Financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera, y uno de los colaboradores más cercanos de Alberto Bazbaz, titular de esa dependencia.
Además de las cuentas, inversiones financieras, negocios y propiedades de los dos exfuncionarios veracruzanos, el columnista añade que la UIF rastrea también operaciones de personas y empresas vinculadas a estos servidores públicos de Veracruz, entre ellos los hermanos Alfredo y César Spinoso Carrera, uno licenciado en Ciencias de la Comunicación, y el segundo en Administración de Empresas, ambos egresados de la Universidad de las Américas.
César fue subdirector del Servicio Público de Carrera de la Sefiplan y actualmente es vocal de la Fundación Produce Veracruz (Funprover).
La empresa ligada a Spinoso que se investiga es Aledce, SA de CV, cuyo representante legal es su hermano Alfredo. Es una constructora que además renta maquinaria pesada. Sus oficinas se ubican en el fraccionamiento Jardines de Las Ánimas, en Xalapa.
Otros personajes presuntamente investigados son José A. Ojeda Rodríguez, subdirector de Recursos Humanos de la SEV; Eduardo Contreras Rojano, director general de Administración de la Sefiplan.
Badillo consigna que “se tiene conocimiento de que en el caso de ambos exfuncionarios, pero sobre todo de Gabriel Deantes, la UIF detectó hasta el momento distintas operaciones consideradas como inusuales y relevantes, y se ubicaron transferencias y disposiciones en efectivo de recursos con montos millonarios realizados en cuentas personales o de otras personas, sobre todo en la primera mitad de 2012 y de 2013”.
Y afirma que “el SAT realiza también un monitoreo y cruce de datos de la situación fiscal de los funcionarios, empresarios y empresas antes mencionados, así como otros más que se agregarán en breve, de acuerdo con el resultado que arrojen estas investigaciones. Las autoridades buscan si hay desvío de recursos federalizados, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación y evasión fiscal, principalmente”.
Según el periodista, en total se determinaron 16 observaciones, de las cuales ocho ya fueron solventadas por el gobierno estatal, y las ocho restantes generaron dos recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, cuatro solicitudes de aclaración y tres pliegos de observaciones.