Hasta la media tarde de este jueves 30 sumaban más de 40 los aspirantes registrados para ocupar el cargo de Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado de Veracruz.
Entre esas decenas de candidatos figuran personajes de la talla de Antonio Gómez Pelegrín, quien en el sexenio del gobernador Miguel Alemán Velazco (1998-2004) fue director general de Administración de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y Luis Gabriel Andrade Cárdenas, con amplia trayectoria también en el servicio público federal y del estado, donde actualmente se desempeña como director administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Veracruz.
El registro de estos y otros aspirantes más con reconocida trayectoria profesional hacía suponer que en este proceso legislativo para designar al nuevo titular del ORFIS no había hasta ese momento ninguna aparente intromisión del Poder Ejecutivo para favorecer a un personaje en particular.
Y es que en el diccionario de la política veracruzana, la palabra “terna” se define pícaramente como “dos pendej… y el que va a ser”.
Pero una vez descartados el contralor general del estado, Iván López Fernández y el exauditor general Mauricio Audirac, quien pretendía ser reelecto en el ORFIS, hasta la media tarde de ayer no se avizoraba todavía algún prospecto que pudiera haber sido palomeado en la oficina principal de Palacio de Gobierno.
Habría que ver quiénes más acudieron posteriormente este jueves 30 a la sede del Poder Legislativo para registrar sus candidaturas, ya que de acuerdo con la Convocatoria para la Designación del Auditor General del ORFIS del Estado de Veracruz, la Comisión Permanente de Vigilancia recibiría las solicitudes solo durante el periodo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del Decreto Número 572, aparecido en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 278, del viernes 17 de agosto de 2012.
Contando pues el día de su publicación, el plazo fijado por dicha convocatoria para el registro de candidatos habría concluido ayer y no este viernes 31, como lo han venido reiterando los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura local.
Consultados al respecto, algunos abogados coinciden en que esta interpretación es correcta, ya que no se trata de un amparo u otra diligencia judicial, por lo que si la convocatoria lo ha estipulado así, entonces también se debe considerar el día de su aparición.

detalles
Por cierto, en el punto número 4 de la convocatoria, entre los requisitos exigidos a los aspirantes se les pide acreditar “no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley de la materia”.
Sin embargo, según ha trascendido, han sido muy pocos los candidatos que para salvar este requerimiento presentaron Constancia de laicidad original emitida por la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, que de acuerdo con el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Segob es la única instancia facultada legalmente para emitir este tipo de documentos.
La mayoría de los aspirantes que desconocen esta normatividad solo han estado presentando “Cartas bajo protesta de decir verdad”, así como documentos notariales con dos testigos que dan fe de que los interesados no son miembros de asociaciones religiosas, cuando la instancia oficial que mantiene actualizados los registros y puede verificarlos es la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Segob.
A ver cuántos son descartados por detalles como éste.

delegados
Para quienes andan especulando sobre cómo anda la relación política y personal entre Enrique Peña Nieto, virtual presidente electo, y el gobernador Javier Duarte de Ochoa, dentro de tres meses a más tardar se van a dilucidar todo tipo de rumores.
Y es que cuentan que este sábado, en la ciudad de México, un emisario del mandatario veracruzano participó en una reunión encabezada por uno de los principales operadores políticos del mexiquense, el cual a partir de diciembre próximo se va a encargar de acordar con los gobernantes locales –principalmente con los de su partido– la designación de los nuevos delegados federales que comenzarán a despachar en sus respectivas entidades, pese a la resistencia de los funcionarios de origen panista que ya andan blindándose con todo tipo de argucias legales para impedir que los despidan.
Sin embargo, los del gobierno blanquiazul lo han hecho tan mal que ni ellos mismos saben cómo defenderse.
Trascendió, por ejemplo, que este miércoles 29 hubo en las oficinas centrales de la Secretaría de la Función Pública (SFP) una reunión con contralores federales.
Según dicha versión, Matilde Saldaña Hernández, Contralora Interna de esa dependencia, presentó una auditoría a la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control que arrojó como resultado que varios de los contralores no cumplen con el perfil necesario para el cargo que desempeñan.
Además, la funcionaria calificó como equivocados los nombramientos de ese personal hechos por los exsecretarios Germán Martínez y Salvador Vega, e incluso por el actual titular, Rafael Morgan.
Pero que ahí no paró la cosa, ya que dicen que Saldaña de plano les advirtió que en las próximas semanas comenzarán los despidos para dejarle la “casa limpia” al nuevo gobierno federal.
Si eso es a ese nivel, ¿cuántos delegados federales en Veracruz podrán sobrevivir a la sacudida que se avecina con la nueva administración priista que presidirá Peña? Y es que el proceso electoral local de 2013, en el que se elegirán 212 presidentes municipales y 50 diputados a la LXIII Legislatura del estado, ya está a la vuelta de la esquina.