Inaceptable la impunidad

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, consideró inaceptable la impunidad frente a las agresiones que han sufrido los periodistas en México.
En todos los casos de los atentados a las personas dedicadas a este oficio de informar, demandó el ombudsman nacional una inmediata acción para que se realicen investigaciones prontas exhaustivas e integrales.
Se hizo referencia a los atentados sufridos en Chihuahua, Guerrero y Veracruz. El propio presidente Peña Nieto consideró inadmisible que alguien sea atacado por hacer uso de su libertad de expresión.
En materia de delitos de contra periodistas, la impunidad que se padece es del 95 por ciento de acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Se señala que los principales riesgos que enfrentan los reporteros en el ejercicio de su profesión, derivan de las amenazas del crimen organizado y de altos funcionarios. Se destacó la falta de protocolos de actuación del Ejército y de las diversas Policías.
La violencia en contra del periodismo crítico alcanzó durante los dos últimos años y los primeros meses del presente, niveles sin precedentes. Senadores de partidos progresistas hacen propuestas de reformas legislativas ante el recrudecimiento de estos hechos de violencia. Los asesinatos de periodistas han puesto ante la conciencia pública la adversidad y la fragilidad en la que desarrollan sus trabajos los redactores de medios impresos.

Se velan armas para las elecciones

El próximo dos de mayo inician las campañas electorales en el estado de Veracruz donde más de cinco millones y medio de ciudadanos elegirán mil 54 cargos de elección popular donde figuran alcaldes de 212 municipios acompañados de regidores y síndicos.
Un total de 10 partidos políticos se disputarán estos comicios estatales. La realidad es que el veracruzano destaca por su apatía, y por ello, el alto abstencionismo en estos procesos electorales, en las pasadas elecciones solo participó el 54 por ciento de los empadronados.

¿Quién protege a los voceros de Duarte?

Es un clamor de periodistas y diferentes medios de comunicación, cuáles serán las poderosas razones de diferente tipo político o económico por lo que no se ha ejercido ninguna acción judicial en contra de los que fungieron como directores de Comunicación del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
No existe ninguna duda que realizaron importantes desvíos de recursos públicos y hasta en algunos casos utilizaron facturas de servicios realizados, cobrándolas y cometiendo el delito de fraude maquinado, y por lo tanto, debe haber una acción de tipo penal.
De manera especial, la vocera María Georgina Domínguez Colio que fungía funciones de vicegobernadora y que actuó de manera represiva con aquellos comunicadores y medios que no atendían sus órdenes. Resulta inexplicable la riqueza mostrada.
También resulta extraño que durante la gestión del diputado federal, Alberto Silva, se pospusieran los pagos y desaparecieran todos los documentos existentes ante el miedo de ser investigado por el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares.