Aunque solo despachará los próximos tres meses que le restan a la actual administración estatal, el nuevo director general del Registro Civil del Estado, Fernando Sánchez García, no solo tendrá que dejar bien claro todo lo referente a las especulaciones periodísticas que el propio secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, se ha encargado de desmentir, sino que además habrá de hacer frente a la serie de denuncias y señalamientos en contra de algunos subalternos que le habrían hecho llegar la semana anterior en cuanto se acomodó en el sillón que desde el sexenio pasado venía ocupando el extitular Rafael Valverde Elías. Y es que sobre lo que ha publicado la prensa local y de la Ciudad de México, acerca de que Valverde Elías renunció porque presuntamente le habrían pedido manipular actas de defunción y de matrimonio para encubrir supuestamente a la red de funcionarios estatales y sus presuntos prestanombres denunciados por corrupción ante la Procuraduría General de la República, Ríos Alvarado rechazó categóricamente dicha versión ya que dijo que esto era imposible de realizar porque se cuenta con una base de datos digitalizada a nivel nacional, además de estar debidamente foliados los documentos.

El titular de la SEGOB del estado explicó que la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), cuenta con una copia de todas las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, por lo que es imposible modificar cualquier dato o registro oficial, y puntualizó que “la renuncia de Rafael Valverde obedeció a motivos personales, como en cualquier momento él lo puede atestiguar”.

Sin embargo, al nuevo director del Registro Civil del Estado también le habrían hecho llegar otras denuncias no menos graves en contra de algunos de sus subalternos que estaría obligado a investigar, corroborar y sancionar en caso de que resultaran ciertas, aunque temporalmente solo disponga de tres meses para hacerlo.

Uno de estos casos que le habría sido expuesto sería el de Xavier Arenas Vázquez, quien actualmente se desempeña como Oficial del Registro Civil de Tepetzintla, señalado de ser quien presuntamente le surtía de formatos de actas de matrimonio a Juan Carlos Hernández Cerecedo para que éste celebrara presuntamente matrimonios a domicilio con un costo que oscilaría entre 15 y 17 mil pesos por trámite.

A Hernández Cerecedo, en el tiempo en que se desempeñó como Oficial del Registro Civil de Álamo, le imputaron varias irregularidades. Aparte de supuestos cobros indebidos que habría realizado por su ambición de obtener más dinero, lo acusan también de haber casado de manera personal a una larga lista de menores de edad, cobrando por cada trámite la cantidad de 20 mil pesos, no obstante que el Código Civil del estado señala en uno de sus numerales que para autorizar un matrimonio los contrayentes deben de tener cumplidos los 18 años de edad.

En este señalamiento habrían sido implicados el alcalde de Álamo-Temapache actualmente en funciones, Ricardo Serna Barajas, y su síndico Erasmo Monroy Gutiérrez, quienes presuntamente firmaban como testigos de estos ilegales matrimonios.

Pero eso no es todo. Otra de las acusaciones es que Hernández Cerecedo habría cobrado, por cada rectificación de actas, entre 15 y 25 mil pesos. En la denuncia que le habrían hecho llegar al nuevo director del Registro Civil del Estado se consigna que uno de estos trámites, que estaría debidamente documentado, el funcionario lo habría intentado hacer en agravio de una humilde mujer campesina avecindada en el ejido La Unión, del municipio de Álamo-Temapache, cuyo nombre nos pidieron omitir para no afectarla, ya que finalmente fue la que denunció esta irregularidad cometida por este pernicioso funcionario.

Antes de ser trasladado al norte del estado, Hernández Cerecedo se desempeñó como Oficial del Registro Civil en el municipio de Playa Vicente, de donde habría salido huyendo porque habría seducido amorosamente a una señora que estaba casada con uno de los más peligrosos gatilleros de la región, por lo que ante la amenaza de sufrir un atentado por parte del esposo agraviado, solicitó su cambio al municipio de Martínez de la Torre, de donde meses después pasó a hacerse cargo del de Álamo.

Su costumbre de hacer dinero en las oficinas del Registro Civil le habría llevado a celebrar bodas a domicilio en Martínez de la Torre con actas de matrimonio foliadas de la Oficialía del Registro Civil de Álamo-Temapache.

Por eso ahora corre la versión de que ante el reciente cambio en la Dirección General del Registro Civil del Estado, el actual munícipe de Álamo, Ricardo Serna Barajas, de extracción panista, lo estaría recomendando para que vuelva a asumir el mismo cargo del cual fue destituido por el exdirector Rafael Valverde.

En cuanto a Xavier Arenas Vázquez, titular de la Oficina del Registro Civil del municipio de Tepetzintla, le atribuyen que por cada rectificación administrativa estaría cobrando 15 mil pesotes. El funcionario, según acusan sus denunciantes, presumiría de ser inamovible ya que presuntamente argumenta que contaría con la protección de dos padrinos políticos: por un lado, el profesor Hugo Maldonado Díaz, exsecretario particular de Reynaldo Escobar Pérez durante su gestión como secretario de Gobierno en el sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, y, por el otro, del exalcalde de Tepetzintla, Jesús Zenil Méndez.

¿Le alcanzarán a Fernando Sánchez los 92 días que le quedan antes del cambio de administración para limpiar y poner orden en el Registro Civil del estado, lo que implicaría una revisión exhaustiva de cada uno de los titulares de las oficialías, a fin de purgar estas oficinas que algunos convirtieron en generosas fuentes de dinero extra?

Si acaso lo intenta, Sánchez García bien podría dejar una excelente huella de su honestidad y trabajo, así como un dolor de cabeza menos para el gobierno de Duarte, que después de 87 años de hegemonía priista ha terminado por dar paso a la alternancia en el poder.