Enrique Peña Nieto rindió protesta ayer como candidato del PRI a la Presidencia de la República, en Dolores Hidalgo, donde en 1810 se gestó el movimiento de Independencia de México.
El exgobernador mexiquense eligió este sitio histórico para mandar el mensaje de que “los grandes cambios sí son posibles” y un “¡basta ya del mal gobierno!”, refiriéndose obviamente al que viene ejerciendo el PAN desde hace 12 años.
El discurso de Peña Nieto tenía un evidente destinatario: el presidente Felipe Calderón, quien no ha resistido la tentación de entrometerse en el proceso electoral para impulsar a la candidata presidencial de su partido, Josefina Vázquez Mota, a la cual ha pretendido posicionar a solo cuatro puntos de distancia del abanderado del PRI, según las encuestas mostradas por el mandatario en una reunión privada con 700 consejeros de Banamex a finales de febrero pasado.
Pero el activismo de Calderón como jefe nato del PAN no ha parado ahí. En el bunker de Peña Nieto tienen reportes también acerca de recientes acercamientos de prominentes operadores políticos del calderonismo con exgobernadores y mandatarios estatales del PRI a los que presuntamente les habrían ofrecido desde impunidad hasta apoyarlos en las deudas públicas de sus entidades.
El caso más emblemático es el de Coahuila, donde el exgobernador Humberto Moreira Valdés –quien por los escándalos financieros de su administración no solo fue obligado a renunciar a la presidencia del CEN del PRI sino que recién declinó también a ser postulado por la vía plurinominal al Senado de la República–, fue sucedido en la gubernatura por su hermano Rubén.
Anteayer, el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores transparentar las deudas del gobierno de Coahuila que encabezó hasta finales de 2010 el exdirigente priista.
De esa forma, la Comisión deberá entregar toda la información relacionada con la deuda pública de Coahuila contratada entre 2007 y 2011, y elaborar un expediente público sobre el particular.
La CNBV se negaba a dar esa información, la cual clasificó como “reservada” bajo el argumento de que se trata de la cartera crediticia de instituciones de la banca de desarrollo.
Sin embargo, el recurso de revisión, estudiado por la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, acaba de revocar la respuesta de la CNBV debido a que la deuda está relacionada con Banobras y Nacional Financiera, es decir, organismos públicos.
“El acceso a la información sobre los créditos que Banobras otorgó al estado de Coahuila transparentaría si esta institución cumple con el objeto de financiar o refinanciar proyectos de inversión pública en infraestructura y servicios públicos”, expuso Peschard.
Actualmente, el gobernador Rubén Moreira enfrenta graves problemas económicos por la deuda contraída con documentos falsos por la administración de su hermano Humberto, la cual, según el último reporte disponible, alcanzó los 36 mil 379 millones de pesos.
Senadores del PAN celebraron anteayer la resolución del IFAI y confiaron en que contribuya a sancionar a los responsables del “moreirazo” y evitar la impunidad.
“Que salgan a relucir posibles corruptelas de funcionarios que no supieron o no quisieron supervisar el uso de esos recursos”, pidió el senador panista Federico Döring.
Lo cierto es que al margen de cualquier trasfondo político que pudiera existir, esta resolución del IFAI abrirá una brecha en materia de transparencia estatal.
Pero el escándalo por la abultada y opaca deuda pública que dejó la administración del expresidente del CEN del PRI en Coahuila no es el único asunto que podría restarle puntos en las encuestas de popularidad al candidato presidencial Peña Nieto.
Existe otro caso mucho más espinoso que ha caído en el terreno de la Procuraduría General de la República, la cual investiga la red de protección que la organización delictiva de “Los Zetas” tejió en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira.
Este domingo, la PGR reveló que funcionarios y agentes estatales y federales recibían por la protección brindada hasta 600 mil pesos mensuales de este cártel del crimen organizado. Hasta el momento, han sido detectados 11 servidores públicos involucrados en esta red –de los cuales cuatro están en prisión, cuatro en arraigo y tres prófugos–, pero no se ha descartado la complicidad de otros funcionarios más.
Uno de los principales involucrados es Humberto Torres Charles, exfuncionario de la Secretaría de Salud de Coahuila y hermano de Jesús Torres Charles, quien fuera Procurador y fiscal general en el sexenio de Humberto Moreira. Actualmente está en calidad de prófugo de la justicia. Pero según la indagatoria abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR, Humberto Torres, a quien presuntamente este grupo del narcotráfico le entregaba 300 mil pesos mensuales, “era el encargado de mantener el control al interior de la Fiscalía del Estado a fin de que se desviara el curso de las investigaciones que tenían que ver con dicha organización”.
Otro de los implicados, Manuel Jesús Cícero, exdirector de Seguridad Pública del municipio de Ramos Arizpe, fue detenido al ser señalado de que supuestamente recibía del mismo cártel 500 mil pesos al mes por alertarlos sobre operativos estatales, quitarles retenes y detectar a miembros de grupos criminales opuestos.
Las campañas electorales iniciarán oficialmente hasta dentro de dos semanas y durarán sólo 90 días. La interrogante es si al presidente Calderón le alcanzarán los próximos tres meses para acortar la ventaja real de más de 18 puntos que en la mayoría de las encuestas le saca aún el priista Peña Nieto a Vázquez Mota, del PAN.
Después de Coahuila y del exgobernador Moreira, ¿qué otra entidad y exmandatario estatal priista estarán en la mira el jefe del Ejecutivo federal que parece estar decidido a refrendar su disminuido liderazgo como jefe nato del partido blanquiazul?