El ataúd con los restos del dictador español Francisco Franco salió este jueves a hombros de sus familiares de la basílica del monumento del Valle de los Caídos, donde ha estado enterrado 44 años.

Por su parte, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirmó este jueves que la exhumación del dictador Francisco Franco de su mausoleo pone fin a una "afrenta moral".

Los restos del exdictador español Francisco Franco fueron exhumados este jueves en el Valle de los Caídos, donde se encontraban desde su muerte hace más de cuatro décadas. Imágenes de televisión mostraron a miembros de la familia de Franco portando su ataúd fuera del mausoleo después de la exhumación, que tuvo lugar a puerta cerrada.

El cuerpo fue llevado después al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, al norte de Madrid, donde está enterrada la esposa del exdictador. Con la denegación del acceso a los medios, solo unos pocos elegidos pudieron presenciar la ceremonia: la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, un experto forense, un sacerdote y 22 descendientes de Franco.

Entre estos estaba el mayor de sus nietos, Francisco Franco, quien tachó de estratagema política la operación y la discreción con la que el gobierno socialista la ha puesto en marcha.

"Siento mucha rabia por que se haya utilizado una cosa tan cobarde como exhumar un cadáver como propaganda y publicidad política ante unas elecciones, para intentar ganar un puñado de votos", dijo el miércoles por la noche.

Los socialistas -que llevan en el Gobierno desde mediados de 2018 y concurrirán a las elecciones generales del 10 de noviembre- llevaban tiempo tratando de exhumar a
Franco, quien desató una guerra civil que causó la muerte de unas 500.000 personas entre 1936 y 1939.

El Ejecutivo en funciones obtuvo el respaldo de un Parlamento dividido para trasladar sus restos, decisión que el Tribunal Supremo ratificó tras rechazar el recurso de los descendientes de Franco. El gobierno estima que la operación costará unos 63.000 euros.

"Exhumar el cuerpo del dictador podría suponer que se le dé al Valle de los Caídos su razón de ser original, un proceso normal dentro de democracias como la nuestra", dijo el politólogo Pablo Simón.

Las heridas sin sanar

La exhumación ha hurgado en viejas heridas aún sin sanar desde la guerra civil y el franquismo, en un país con más de 100 mil desaparecidos y nombres de pueblos en honor del dictador.

Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, denunció una guerra ideológica, y afirmó que seguirá luchando para que Franco sea reinhumado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, una posibilidad negada por el Tribunal Supremo español.

La 'contradicción' en España, una democracia con cuarenta años y un dictador ocupando un mausoleo en su homenaje; "con esta acción se resuelve", se congratuló el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, preso en su juventud en el Valle de los Caídos.

El gobierno estima que la operación costará unos 63.000 euros

Encargada por Franco en 1940, la construcción del complejo duró casi veinte años y en ella participaron miles de presos políticos. Al lugar, coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura, el 'Caudillo' hizo trasladar en 1959, los cuerpos de más de 30.000 víctimas del conflicto, en nombre de una pretendida reconciliación nacional.

Entre ellos había combatientes del bando franquista pero también republicanos sacados de cementerios y fosas comunes sin informar a sus familias. Desde su muerte en 1975, Franco estuvo en una tumba, siempre adornada con flores frescas, a los pies del altar mayor de la basílica.

Controversia sobre la memoria histórica

El gobierno actuó basándose en una decisión de 2017 del Parlamento español solicitando la exhumación de Franco, que entonces cayó en saco roto por la oposición del ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, cuyos diputados se abstuvieron.

Desde la adopción en 2007 por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) de una 'Ley de memoria histórica', la derecha acusa a la izquierda de querer reabrir las heridas del pasado.

Rajoy, en el poder entre 2011 y 2018, presumía de no haber gastado un euro para aplicar esta ley destinada a retirar los vestigios de la dictadura, identificar decenas de miles de cadáveres todavía enterrados en fosas comunes y reparar la memoria de los republicanos vencidos y condenados por el franquismo.